Decenas de entidades salen en defensa de los espacios públicos y parques y en contra del negocio inmobiliario
El Observatorio del Derecho a la Ciudad realizó en el salón San Martín de la Legislatura porteña el lanzamiento de la campaña “Carta del Derecho a la Ciudad” por la anunciada reforma del Código de Planeamiento Urbano que suponen es para beneficiar y dar legalidad a los negocios inmobiliarios que se están llevando a cabo hace varios años a costa del espacio público.
En el encuentro participaron vecinos, estudiantes, intelectuales, artistas, sindicatos, profesionales, partidos políticos, universidades, cátedras, referentes sociales y culturales, asambleas, movimientos territoriales y organizaciones sociales que coincidieron en la necesidad de proponer lineamientos para planificar la ciudad y no aceptar que la planificación la siga definiendo el mercado a costa de perder espacios públicos y parques.
La iniciativa propone fomentar la participación democrática en las decisiones para evitar una mayor pérdida de derechos urbanos, atender las necesidades socio-urbanas postergadas frente a la concentración de la propiedad a manos de unos pocos grupos empresarios y desarrolladores urbanos.
La lista de alertas es extensa y va desde la propuesta de vender 50 hectáreas del Parque de la Ciudad, la sesión de las tierras de Casa Amarilla en la Boca para un polo de viviendas, la situación irregular de la explotación privada de la zona de Costa Salguero hasta la instalación de bares en las plazas.
La campaña cuenta con el apoyo del Frente Territorial Salvador Herrera (abocado a la urbanización de las villas de la Ciudad de Buenos Aires), cátedras universitarias, intelectuales y artistas, entre otras asociaciones civiles.
Desde el inicio de la gestión PRO se privatizaron más de 200 hectáreas de tierra pública, una superficie superior a 200 manzanas de la Ciudad y se ha votado la Agencia de Bienes que tomará el control de grandes extensiones de territorio porteño para facilitar negocios porteños a través de la venta de esos espacios públicos y los convocantes sostienen que el Gobierno porteño creó el Foro de Desarrollo Urbano con participación no vinculante de la ciudadanía en los debates para conseguir seguridad jurídica.
A fin de año se actualizarán al menos 9 leyes relacionadas con el control de las edificaciones y del planeamiento urbanístico. Las asociaciones convocantes pretenden defender los espacios verdes y el patrimonio de la ciudad que se està perdiendo a pasos acelerados, ya que los inversores inmobiliarios tiran todo abajo solo pensando en su rentabilidad.
Otro de los ejes de la convocatoria es la urbanización de las villas y el acceso a los servicios básicos. Marcos Chinchilla, de la Villa 20, se definió ante la propuesta como “escéptico”: “lo único que hicieron por nosotros en cinco años fue, una vez, acercarnos pintura para las casas, nunca soluciones estructurales”.
Uno de los alertas más fuertes para que las asociaciones vecinales, partidos de la oposición, intelectuales y profesionales comenzarán a movilizarse fue la creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado con atribuciones para enajenar bienes propiedad de la Ciudad que no están afectados al dominio público -es decir, que no son de uso público ni están afectados a servicios públicos (los declara “innecesarios para la gestión” y los desafecta del dominio público).
Esto permitirá la venta, sin pasar por la Legislatura, del Tiro Federal y El Dorrego.
Según los integrantes de “Carta de derechos a la ciudad”, estas maniobras, además de ser inconstitucionales -por disponer una delegación de atribuciones que la Constitución de la Ciudad prohíbe-, la Agencia de Bienes sería virtualmente una oficina inmobiliaria del gobierno que potencialmente podría disponer para su venta de unos 2400 inmuebles.
Otra de las cuestiones que salen a la luz, es la eliminación de las comunas y sus consejos consultivos en el destino de la ciudad, sea en el área programática como en la conservación de sus parques, plazas y edificios públicos, en muchos casos históricos.