Las detenciones a partir de la figura “resistencia a la autoridad” se duplicaron en los últimos seis meses en la Ciudad de Buenos Aires. Este comodín del aparato policial se utiliza para reprimir desde la protesta social hasta la venta ambulante. En un contexto en el que el discurso de Cambiemos desde su llegada al poder lo avala, el envalentonamiento de las denominadas “fuerzas de seguridad” y los casos de violencia institucional son cada vez más frecuentes.
Cada vez son más cotidianas las identificaciones y requisas arbitrarias por parte de las fuerzas policiales que, ante la menor queja, terminan con la detención de estudiantes, militantes, manifestantes, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, docentes y, por sobre todo, de jóvenes de barrios vulnerables bajo la figura de “resistencia a la autoridad”. Esta figura tan amplia es sumamente ambigua y las consecuencias de la detención difieren según lo que considere cada agente en cada situación.
La figura de “resistencia a la autoridad” es sumamente ambigua y las consecuencias de la detención difieren según lo que considere cada agente en cada situación.Si bien existe la creencia ingenua de que las detenciones arbitrarias terminaron al reanudarse la democracia, los abusos no se detuvieron y la represión siguió siendo política de Estado de todos los gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha. Sin embargo, siguiendo las cifras oficiales presentadas por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de las múltiples organizaciones que trabajan contra la violencia policial, desde la llegada al poder del gobierno de Cambiemos el accionar represivo de las fuerzas de seguridad fue en aumento. Apañado por el discurso de los distintos funcionarios, las causas por resistencia a la autoridad se incrementaron: según datos oficiales, y tal como refleja Página/12, de diciembre de 2016 a abril de 2017 los casos se duplicaron.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) informó a Página/12 que durante los últimos 15 años recibió entre cinco y seis consultas mensuales por este tipo de situaciones. Sin embargo, en los últimos meses, está recibiendo el promedio de seis consultas semanales. En la Ciudad de Buenos Aires, los casos aumentaron de un cuatro por ciento sobre el total de delitos ingresados en diciembre de 2016 a un ocho por ciento en abril de 2017. Los artículos que dan sustento a esta figura son los 237/238 y 239 del Código Penal, allí se establece que: “Será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.
En la Ciudad de Buenos Aires, los casos aumentaron de un cuatro por ciento sobre el total de delitos ingresados en diciembre de 2016 a un ocho por ciento en abril de 2017.Esta figura nunca dejó de estar en vigencia, pero el aparato policial en este año y medio viene utilizándola cada vez con mayor frecuencia y en cualquier situación, envalentonado con el discurso del gobierno: en el 8 de marzo tras la multitudinaria marcha por el Paro Internacional de Mujeres se dio un ejemplo contundente de este accionar. Pero, además: “El 26 de marzo detuvieron a Micaela Brambilla, la joven de La Garganta Poderosa que filmó cuando la policía esposaba en un procedimiento irregular a un menor de edad; el 2 de mayo seis vendedores ambulantes fueron detenidos durante la madrugada en un operativo en Plaza Constitución; el 9 de abril los docentes Juan Manuel Mauro y Miguel Acuña que trabajan en una escuela de la Villa 1-11-14 fueron detenidos por oficiales de la policía metropolitana y personal de civil mientras intentaban armar la carpa docente“, como se ejemplifica en Página/12. En ninguno de estos casos tomaron las denuncias por la violencia de la policía pero sí les abrieron causas por “resistencia a la autoridad”.
En este sentido, María del Carmen Verdú, integrante de CORREPI remarcó al diario citado que la figura es utilizada históricamente por la policía para justificar una detención. A su vez, advirtió que hoy la actuación policial está potenciada por la decisión política de amplificar las facultades policiales para requisar, identificar personas y utilizar todo lo que deriva de las militarizaciones en los barrios y las calles como estrategia de seguridad. “Es sistemático”, asegura Verdú y denuncia a este aumento represivo como una política de toda la institución y, por lo tanto, como una política de Estado.