Aquel día, luego de un incesante debate y de mucha tensión, los Constituyentes decidieron otorgar a la Ciudad facultades en materia de gobierno, administración y justicia.
De ese modo, lo dispuesto quedó plasmado en el Art. 129, la Autonomía de la Ciudad: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación”.
Este suceso marcó un momento trascendental en el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, dado que sentó los lineamientos indispensables para consagrar la autonomía porteña. Posteriormente, con la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el 1° de octubre de 1996, se reafirmó aún más.
Desde ese entonces, la Ciudad ha organizado su administración y sus instituciones, otorgando a los vecinos la posibilidad de elegir desde 1996 el Jefe de Gobierno. Adicionalmente se crearon el Poder Judicial (que actualmente cuenta con dos fueros: Penal, Contravencional y de Faltas y el fuero Contencioso Administrativo y Tributario) y el Poder legislativo de la Ciudad, que presenta una estructura unicameral y cuenta con 60 legisladores elegidos a través de elecciones abiertas, con mandato por cuatro años y renovación de la mitad del cuerpo cada dos.
Año a año la Ciudad avanzó hacia su plena autonomía. En este sentido, en el año 2005, se sancionó la Ley de Comunas que organizó la Ciudad en quince comunas para facilitar la participación de los vecinos, mejorando la eficacia y calidad de la gestión del Gobierno de la Ciudad en cada uno de los barrios. En el año 2012 se avanzó en la gestión del Subte, que hasta entonces era gestionado por el Estado Nacional. En 2016 se creó el Sistema Integral de Seguridad, permitiéndonos contar con la Policía de la Ciudad. Finalmente, desde 2018 la Ciudad cuenta con su Código Electoral propio que organiza el proceso electoral a través de la creación del Instituto de Gestión Electoral.
Habiendo transcurrido 25 años del reconocimiento de la Autonomía de la Ciudad, debemos seguir avanzando hacia la consolidación plena de la Autonomía y para eso, es fundamental afianzar la transferencia plena de competencias jurisdiccionales a la órbita local; el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble y la gestión y administración del puerto, entre otros.
Como dijera el convencional constituyente, Dr. Juan Manuel Olmos, “Cada generación aprende algo de la anterior, pero por el principio del progreso humano es imprescindible que cada etapa cumpla con su mandato generacional, que no es petrificar lo antecedente, sino tomar la posta y continuar la tarea política y jurídica sobre su propia realidad y demanda social”.