Siete clausuras y seis detenidos en Balvanera: incautan teléfonos robados, juguetes peligrosos y accesorios truchos

Siete locales de una galería en la zona comercial de Once fueron clausurados y seis de los responsables de los comercios detenidos por venta de celulares robados, accesorios de marcas apócrifas y juguetes peligrosos para la salud, en el marco de una serie de inspecciones integrales a cargo de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

El monto del decomiso alcanza un valor estimado en el mercado de 1,2 millones de pesos.

Personal de la División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la AGC llevaron a cabo inspecciones en ocho locales de una galería ubicada en la avenida Corrientes al 2400.

Durante los operativos se secuestraron 45 celulares, 6 de ellos denunciados ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por robo y los demás sin documentación respiratoria, 41 módulos, 25 carcasas, 479 accesorios con marcas apócrifas  valuado 1 millón de pesos,  y 116 juguetes sin sellos identificatorios de pruebas químicas lo cual representa un peligro para la salud,  por un valor aproximado de 200 mil pesos.

Por su parte, la AGC procedió a la clausura de siete locales por infracción y falta de habilitación y uno de ellos por violación de clausura.

En cuanto a la infracción a la ley de Comunicaciones, el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, subrogado por el Dr. Julián Ercolini, secretaría 22 del Dr. Santillán, que dispuso la demora y luego soltura en el lugar y el secuestro de los teléfonos denunciados.

Por su parte la Fiscalía Flagrancias Este a cargo del Dr. Tropea, por intermedio de la auxiliar fiscal Dra. Mercurialli, ordenó el secuestro de la totalidad de elementos en infracción a los artículos 201 (venta de mercaderías peligrosas para la salud) y 289 inc. 1 (falsificación de marcas), la detención  seis  responsables de los negocios, de nacionalidades argentina, peruana, colombiana y venezolana), su traslado a la Oficina Central de Identificaciones (OCI) y luego alojadas en la alcaidía correspondiente donde quedaron a la espera de las diligencias judiciales.