Esta semana se publicará el decreto que oficializa el anunciado congelamiento en el Estado: no habrá contrataciones hasta el año 2020 y se reducirán los gastos en viáticos y costos de empresas estatales. El mismo día que la Marcha Federal llegó a la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al aumento de tarifas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro Nicolás Dujovne afirmó el rumbo de las políticas de ajuste en el Estado.
El mismo día que se publicó en el Boletín Oficial el veto presidencial a la ley que limita los aumentos de tarifas, los ministros de Hacienda y Modernización, Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra, llamaron a una conferencia de prensa para anunciar un plan de congelamiento del Estado con el que pretenden “ahorrar” 26.400 millones de pesos. Luego de una serie de discursos y comunicados del gobierno pidiendo a la población límites en el consumo, ahora parecen buscar poner el ejemplo profundizando el ajuste en la administración pública.
Los ministros de Hacienda y Modernización, Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra, llamaron a una conferencia de prensa para anunciar un plan de congelamiento del Estado con el que pretenden “ahorrar” 26.400 millones de pesos.
Las medidas, que serán publicadas en el Boletín Oficial esta semana, apuntan a reducir gastos públicos. La decisión más importante es que el Estado dejará de contratar empleados por 24 meses, a partir del 1° de julio. Esta medida impacta en todos los sectores públicos, a excepción de las Fuerzas Armadas, el CONICET, las universidades y el servicio exterior. También dejarán sin efecto los convenios de Asistencias Técnicas con universidades a partir del 31 de diciembre y se anulará esa modalidad de contratación a futuro. Según publica Clarín, actualmente hay 7000 empleados en esa modalidad cuyos contratos no serán renovados el próximo año.
En la conferencia de prensa, los ministros debieron aclarar que este plan de “austeridad y transparencia” no tiene relación con la negociación entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional. El congelamiento del Estado parece ser una nueva estrategia de ajuste sobre la administración pública, el cual debe ser seguido de cerca para que no termine en una nueva ola de despidos sobre un sector que ya ha sido castigado por las decisiones del gobierno.