En el marco de una serie de inspecciones integrales realizadas en reconocidas zonas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectivos de la Policía de la Ciudad llevaron a cabo un importante operativo que culminó con el secuestro de una gran cantidad de productos apócrifos. En total, fueron decomisados más de 2.800 artículos que presentaban imitaciones ilegítimas de marcas registradas, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 16 millones de pesos argentinos. Las acciones se desarrollaron en cuatro establecimientos comerciales situados en los barrios de Once y Villa Crespo, conocidos por su intensa actividad comercial.
Participación de múltiples organismos oficiales
Las intervenciones fueron coordinadas por la División de Conductas Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad, la cual actuó en estrecha colaboración con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas diligencias se realizaron a instancias de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35, a cargo de la doctora Celsa Ramírez, con la asistencia del secretario Dr. Daniel González.
Asimismo, en los procedimientos participaron activamente distintas áreas del Gobierno porteño, entre ellas la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General de Protección del Trabajo. Estos organismos tienen como responsabilidad velar por el cumplimiento de las normativas comerciales, laborales, impositivas y de seguridad en el ámbito de la Ciudad.
Detalles de los allanamientos y productos incautados
Durante el transcurso de las inspecciones –que se llevaron a cabo en tres comercios ubicados en el barrio de Once y uno en Villa Crespo–, los inspectores y efectivos policiales detectaron una gran cantidad de artículos que, a simple vista, presentaban signos evidentes de ser imitaciones ilegítimas de marcas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los productos incautados se encontraban juguetes, gorras, llaveros y prendas de vestir, todos con logotipos y diseños que reproducían sin autorización imágenes registradas por empresas como Pop, Among Us, Nike, Puma, Minions, Lego y Lol, entre otras. La autenticidad de dichas marcas fue desmentida por un representante legal de las firmas afectadas, quien participó en calidad de veedor durante el procedimiento y confirmó que se trataba de mercadería falsificada.
Una vez contabilizados los objetos decomisados, el total ascendió a 2.853 artículos, los cuales fueron retirados del circuito comercial y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente para su posterior análisis y disposición judicial.
Marco legal y sanciones previstas
Como resultado de las irregularidades detectadas, los cuatro responsables de los locales inspeccionados fueron notificados de la apertura de causas judiciales en su contra. Se los acusa de infringir lo estipulado por el artículo 289 inciso 1 del Código Penal, que sanciona la falsificación de documentos y marcas registradas, así como también el artículo 277, que penaliza el encubrimiento de delitos mediante la comercialización o tenencia de bienes de origen ilícito.
Ambos delitos contemplan penas que pueden incluir prisión efectiva, así como la imposición de multas económicas y la clausura de los establecimientos involucrados, en caso de comprobarse la responsabilidad penal de los acusados durante el proceso judicial correspondiente.
Contexto de la problemática y acciones de prevención
Este operativo se enmarca en una serie de acciones sostenidas que viene impulsando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para combatir el comercio ilegal y la distribución de productos apócrifos, con el objetivo de proteger tanto a los consumidores como a las empresas legítimamente registradas. La falsificación de marcas representa un delito que afecta gravemente la economía formal, fomenta la competencia desleal y pone en riesgo a los usuarios, ya que muchos de estos productos no cumplen con las normas básicas de seguridad, calidad e higiene.
Además, cabe destacar que la venta de artículos falsificados suele estar vinculada a estructuras más amplias de economía informal, en las que muchas veces se detectan otras infracciones como evasión fiscal, empleo no registrado, contrabando y explotación laboral, especialmente en rubros como el textil y el juguetero.
En este sentido, las autoridades porteñas han reforzado los controles y articulado acciones conjuntas entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, procurando realizar operativos integrales que no sólo se limiten a lo comercial, sino que también aborden aspectos tributarios, laborales y de protección al consumidor.
Relevancia de la denuncia ciudadana y la cooperación interinstitucional
Desde la Fiscalía como desde la Policía de la Ciudad se hizo hincapié en la importancia de la denuncia ciudadana para detectar y erradicar este tipo de prácticas. Muchos de los procedimientos actuales tienen su origen en información aportada de forma anónima por consumidores o vecinos, lo que demuestra el valor del compromiso social en la lucha contra el comercio ilícito.
Asimismo, se resaltó el valor de la cooperación interinstitucional, tanto entre organismos locales como en articulación con representantes del sector privado, quienes aportan datos clave sobre sus marcas y productos. Este trabajo conjunto permite actuar con mayor precisión y efectividad, asegurando que las intervenciones sean certeras y que los responsables rindan cuentas ante la Justicia.
La incautación de estos casi 3.000 productos falsificados en las zonas de Once y Villa Crespo representa un nuevo avance en el combate al comercio ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias al trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad, fiscalía, entes gubernamentales y representantes de marcas legales, se logró neutralizar una operación que vulneraba los derechos de propiedad intelectual, engañaba a los consumidores y perjudicaba a quienes operan dentro del marco legal.
Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad reiteraron su compromiso de continuar con este tipo de controles de manera sostenida, apelando también a la colaboración del sector privado y la ciudadanía para denunciar irregularidades y contribuir así a un mercado más transparente, seguro y justo para todos.