Esta semana, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires determinó que los responsables de una de las estafas inmobiliarias más grandes de la historia reciente del país enfrentaran prisión preventiva. Se trata de Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores, miembros de una misma familia de empresarios que, a través de su inmobiliaria Induplack, engañaron a cientos de compradores que confiaron en ellos para la adquisición de departamentos “en pozo”. Sin embargo, lo que prometían como proyectos en desarrollo nunca se materializó, y las viviendas jamás fueron entregadas, dejando a los compradores con importantes sumas de dinero y sueños rotos.
Induplack era conocida por su presencia en el mercado inmobiliario. Su página web aún ostenta con orgullo la afirmación de tener “12 años de trayectoria y 800 unidades entregadas”. En su sitio se podían encontrar más de 30 proyectos anunciados, todos bajo el lema de ser edificios “en desarrollo”, con unidades a la venta para quienes deseaban adquirir propiedades de pozo. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito se ocultaba una serie de maniobras fraudulentas destinadas a engañar a incautos compradores que, confiados en la reputación de la empresa, pagaron grandes sumas de dinero por departamentos que nunca se terminarían.
La investigación que llevó a la prisión preventiva de los L’Abbate y Flores fue impulsada por la fiscal Mónica Cuñarro, quien descubrió que el modus operandi del grupo familiar siempre era el mismo. Según las pruebas presentadas en la causa, el proceso comenzaba con la firma de un boleto de compraventa, un contrato que, en teoría, debía asegurar el derecho de los compradores a adquirir la propiedad una vez terminada la construcción. Tras esta firma, los compradores comenzaban a pagar cuotas de manera mensual, convencidos de que sus pagos estaban destinados a financiar la obra y garantizar la entrega de los departamentos.
Sin embargo, la realidad era muy diferente. Los pagos, en lugar de destinarse a la finalización de las obras, eran absorbidos directamente por los empresarios, quienes nunca completaron las construcciones. Los proyectos, lejos de avanzar, quedaron estancados en diversas etapas, sin que los compradores pudieran obtener respuestas claras sobre los plazos de entrega o la finalización de las obras. Al mismo tiempo, los responsables de Induplack nunca realizaron los trámites necesarios para la escritura de los departamentos, lo que dejó a los compradores en una situación legal aún más compleja.
La investigación detalló que, a lo largo de los años, los miembros del clan L’Abbate lograron estafar a numerosos compradores con promesas incumplidas, acumulando una deuda millonaria. A medida que los testimonios de las víctimas fueron surgiendo, la magnitud de la estafa se fue revelando: los clientes, en su mayoría de clase media, pagaron entre el 30 y el 50% del valor total de los departamentos, sin recibir nada a cambio. Algunos ni siquiera llegaron a ver las obras iniciadas.
El colapso de Induplack y la denuncia de las víctimas llegó a un punto culminante cuando la jueza Paula González, quien llevó adelante el proceso judicial, dictó la prisión preventiva para todos los implicados, acusándolos de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar a los compradores. De acuerdo con la magistrada, los acusados utilizaron el mismo esquema de fraude en cada uno de sus proyectos, engañando a las víctimas y manteniendo una fachada de legalidad con la promesa de construir unidades habitacionales que nunca vieron la luz.
El escándalo que rodea a Induplack también ha desatado una serie de investigaciones paralelas, ya que muchos de los compradores afectados han comenzado a organizarse para demandar tanto a los responsables de la inmobiliaria como a las autoridades que podrían haber hecho más para prevenir esta estafa. Las víctimas no solo perdieron el dinero que habían invertido en la compra de los departamentos, sino que también quedaron en una situación de incertidumbre legal, ya que, al no haberse completado las obras ni realizado los trámites de escrituración, muchos se encuentran en una especie de limbo jurídico.
En cuanto a los L’Abbate, las consecuencias legales para ellos podrían ser severas. La jueza Paula González ordenó el embargo de los bienes de uno de los imputados, Vito Antonio L’Abbate, por una cifra que asciende a los 905 millones de pesos, en un intento por asegurar que los estafadores pudieran ser obligados a devolver, en la medida de lo posible, parte del dinero estafado. Además, se espera que las víctimas continúen presentando nuevas denuncias que amplíen la acusación de fraude y asociación ilícita contra la familia L’Abbate y Flores.
El caso ha puesto de relieve una serie de irregularidades en el sector inmobiliario, donde la falta de regulación adecuada y el escaso control por parte de las autoridades pueden permitir que se produzcan este tipo de fraudes masivos. Además, la situación ha generado preocupación sobre la necesidad de reformar las leyes y fortalecer los mecanismos de supervisión en el mercado inmobiliario, para evitar que más personas sean víctimas de situaciones similares.
El proceso judicial sigue su curso, y mientras los imputados esperan el juicio, el escándalo de Induplack sigue sacudiendo el mundo inmobiliario de Buenos Aires. Las víctimas, por su parte, continúan luchando por obtener justicia, con la esperanza de que sus demandas puedan ser atendidas y que los responsables de esta estafa sean castigados conforme a la ley.