El presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, advirtió que la intervención del Justicialismo a nivel nacional “es una decisión que ataca el corazón mismo de la democracia” y acusó a la jueza federal María Servini de Cubría de adoptar la medida “presionada por el Gobierno”.

“Es un fallo tomado presionada por el gobierno de Macri que pretendía jubilarla”, afirmó el intendente de Merlo, quien señaló en declaraciones radiales que no se sabe “cuál es el criterio de selección del interventor, cuáles eran los requisitos y cómo surge la decisión”.

Además, señaló: “Me parece que Barrionuevo no es un factor de unidad para el PJ. Nosotros veníamos trabajando en un peronismo con todos, intentando que el juego de la democracia dirima las diferencias que hay en el seno del peronismo. No creemos que sobre nadie”.

A su vez, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis repudió “firmemente la intervención al Partido Justicialista” y remarcó: “no vamos a aceptar esta intromisión antidemocrática de la Justicia en la política”. En ese sentido, dijo que “El PJ es el principal partido opositor a nivel nacional y fue uno de los grandes artífices de la construcción de la democracia”.

Los dirigentes del PJ bonaeresnse reaccionaron así luego de que la jueza federal Servini de Curbía decidió intervenir al PJ nacional y designó para la tarea al líder de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.

En ese contexto, el presidente del partido José Luis Gioja no reconoció al sindicalista como su sucesor y anunció que apelará el fallo.

De esta forma, la magistrada desplazó a Gioja de la presidencia del partido y encomendó a Barrionuevo “producir los actos necesarios tendientes a la normalización partidaria”, entre ellos, “realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles” del PJ e “informar sobre la situación económico- financiera de la entidad”.

El pedido de intervención fue realizado por un grupo de sindicalistas alineados con Barrionuevo: el secretario general de Estaciones de Servicio y miembro del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña; el del Sindicato de Obreros de la Maestranza (SOM), Oscar Guillermo Rojas; y del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido (Soiva), Horacio Alberto Valdéz.

En su fallo, la magistrada planteó la situación generada en 2017 cuando integrantes de la conducción del PJ se postularon como candidatos por Unidad Ciudadana, como el vicepresidente del sello nacional Daniel Scioli.

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