Se firmó un convenio con el Gobierno nacional durante la última sesión en la Legislatura. La Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales emitió un dictamen favorable sobre la iniciativa del Ejecutivo porteño.
El 1° de junio se probó el convenio (Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes), que aprueba el traslado de servicios de atención directa y los recursos de los centros socio-educativos de menores en conflicto con la ley.
Dicho convenio se suscribió el 20 de septiembre de 2016 entre el Estado Nacional y el gobierno porteño, representados por la Dra. Yael Silvana Bendel y la Dra. Isabella Karina Leguizamón, respectivamente.
Los centros socio-educativos a trasladarse son: José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca; el centro de admisión y derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez. Según los fundamentos del proyecto, se promueve : “la transferencia de los dispositivos de intervención en el ámbito penal juvenil, a efectos de proveer a la máxima satisfacción de los derechos y una mayor eficacia en la asignación de recursos”.
El proyecto contó con el apoyo de bloque de Legisladores del PRO, del Bloque Peronista y Sindical Peronista, alcanzando 32 votos positivos.
La ley 114 creo el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –CDNNyA. Este centro se encuentra bajo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y se encarga de proteger y promover el cumplimiento de los derechos de los niños en CABA.
En 1998, se sancionó la Ley 114 de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Tambipen se creó un Consejo para articular las políticas públicas destinadas a la población infanto-juvenil.
En 2007 se sancionó la ley nacional de Promoción y Protección de Derechos – ley 26.061, que transformó al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en una autoridad de aplicación, es decir, que puede tomar medidas de protección de derechos en articulación con la familia, la comunidad y los organismos estatales y poder judicial.