La partería tiene un lugar fundamental en la atención de las mujeres durante el proceso de embarazo, parto y puerperio, y en la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, esta profesión fue subestimada durante años por el sistema médico hegemónico, al punto de ser invisibilizada y no contar en la actualidad con una legislación adecuada que la regule. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las parteras impulsaron un proyecto de ley para modificar la situación y legitimar una actividad clave para erradicar la violencia obstétrica en el país. (Foto de portada: Diario Uno)
La obstetricia, más conocida como partería, ocupa un rol central en el acompañamiento de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como en la atención al recién nacido. Si bien su papel es frecuentemente invisibilizado a la sombra del médico, en los últimos años comenzó a generarse más consciencia sobre su impacto en la salud reproductiva y perinatal. “Empezó a tomarse públicamente conocimiento de que, a nivel internacional, la partera es la estrategia para que se mueran menos mujeres y menos bebés dentro y fuera del útero, para disminuir las cesáreas y erradicar la violencia obstétrica”, explica a La Primera Piedra Marina Lembo, Licenciada en Obstetricia, fundadora y ex presidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI).
“Empezó a tomarse públicamente conocimiento de que, a nivel internacional, la partera es la estrategia para que se mueran menos mujeres, menos bebés dentro y fuera del útero, para disminuir las cesáreas y erradicar la violencia obstétrica”. En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que documenta el impulso mundial dado a la profesión luego de un primer llamado a la acción en 2011. En el mismo se expresa que “el personal de partería, dentro de un sistema de salud basado en el apoyo, puede ayudar a mujeres y niñas a prevenir los embarazos no deseados, proporcionar asistencia durante el embarazo y el parto, y salvar las vidas de muchos recién nacidos prematuros”. Al respecto, Lembo sostiene: “La esencia es la de un trabajo que dignifica y donde hay una escucha y un trato distintos. Además del conocimiento profesional y científico, hay otra entrega y dedicación a las mujeres”.
La norma actual presenta también una serie de prohibiciones que, a pesar de las incongruencias mencionadas, influyen en la práctica de los parteras, obstaculizando su trabajo y generando un alto nivel de desprotección que puede ocasionarles problemas legales. “Incluso al día de hoy, con estas gestiones parlamentarias y este proyecto de ley, hay muchas colegas y egresadas que están en total desconocimiento de esta legislación, sobre todo del decreto 6216 que la reglamenta – relata Lembo – Plantea entonces requisitos que nadie conoce y que, por lo tanto, se infringen constantemente”.
De acuerdo a la ex presidenta de AAPI, este requisito ha llevado en varias ocasiones a la judicialización. “Es un nivel de desprotección muy grande. Si un bebé nace, por ejemplo, con un dedo torcido, se puede realizar a la partera un juicio estrictamente porque atendió sin certificado médico. Hay todo un marco normativo más grande que indirectamente avala y reconoce el hacer autónomo de la partera, y que la obliga a brindar asistencia, como la ley de autonomía del paciente, la de derechos sexuales y reproductivos, la de derechos en parto y nacimiento y los tratados internacionales reconocidos por la Constitución. Sin embargo, cuando se judicializa, se sigue la ley 17.132”.
La normativa tiene otros artículos restrictivos que se contradicen con el ejercicio actual. Permite, por ejemplo, que las parteras realicen cortes durante el proceso de parto pero no suturas, que asistan cuando el bebé está ubicado de nalgas sólo hasta el momento en que empieza a asomar la cabeza, o que prescriban medicamentos sin la firma de un médico, a pesar de estudiar farmacología en la facultad. También prohíbe a los varones el ingreso en la profesión. En la práctica, esto comenzó a cambiar en 2002, cuando Francisco Saraceno se recibió de Licenciado en Obstetricia en la Universidad de Buenos Aires, luego de haber iniciado acciones judiciales para ingresar.
“Hay toda una contradicción entre las cosas que nos enseñan, lo que hacemos y las cuestiones del marco legal –remarca Lembo – Incluso el Ministerio de Salud de CABA delega a las parteras un montón de tareas que no están avaladas en esta ley, que se llevan adelante, aunque según esta norma tengamos prohibido hacerlo. En el día a día la partera es funcional al sistema de salud, pero realiza muchas más cosas que no están reconocidas. No estamos pidiendo que se amplíe nada, ni que se incorporen nuevas tareas ni nuevos derechos laborales, simplemente queremos dejar de trabajar en la ilegalidad“. En el día a día la partera es funcional al sistema de salud, pero realiza muchas más cosas que no están reconocidas. No estamos pidiendo que se amplíe nada, ni que se incorporen nuevas tareas ni nuevos derechos laborales, simplemente queremos dejar de trabajar en la ilegalidad”.
En este sentido, el proyecto de ley también implica también reafirmar el hecho de que las parteras son cruciales para conservar la salud materno-infantil, al acompañar a la mujer durante el proceso de gestación, a pesar de no contar con el debido reconocimiento. “Hay una cuestión de género. En CABA están ejerciendo actualmente solo seis parteros varones, entonces, comos parteras creemos también que parte de esta inequidad profesional tiene que ver con la violencia de género en lo laboral”, sostiene Lembo.
El hecho de que históricamente la partería haya sido un rol ocupado por mujeres generó entonces que fuera relegado, junto con la importancia de erradicar la violencia obstétrica, naturalizada y aceptada por el sistema médico hegemónico. En esa dirección, discutir la ley es también plantear un posicionamiento diferente a nivel legal y social, que aporte a la legitimación de su figura y al reconocimiento de tareas subestimadas, que están tomando la visibilidad que les corresponde al interior de una institución patriarcal.