El costo de vida de las personas adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires volvió a encender señales de alerta. Según el último relevamiento difundido por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una pareja de jubilados que alquila su vivienda necesitó $2.062.168 durante diciembre de 2025 para afrontar sus gastos mínimos mensuales.
El dato surge de las Canastas de Consumo para Personas Adultas Mayores y del Índice de Precios de Medicamentos, herramientas elaboradas por el Monitor de Derechos del organismo con el objetivo de medir de manera más precisa el costo real de vivir en la Ciudad para este grupo etario. En un contexto económico atravesado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales, el informe pone cifras concretas a una situación que impacta de lleno en la vida cotidiana de miles de jubilados.
Un enfoque específico sobre la vejez
Desde la Defensoría explicaron que estos indicadores fueron diseñados con una metodología propia, pensada especialmente para reflejar los consumos reales de las personas mayores. A diferencia de otras mediciones generales, la canasta no se limita a cubrir la subsistencia alimentaria, sino que contempla una vida digna, incluyendo gastos en salud, bienes personales, servicios, vivienda y esparcimiento.
El organismo remarcó que las canastas tradicionales no siempre reflejan con exactitud las necesidades de este sector, que enfrenta gastos particulares, especialmente en medicamentos y atención sanitaria, rubros que crecen por encima del promedio general de precios.
Más de 68 mil pesos diarios para sostenerse
De acuerdo con el informe, una pareja de adultos mayores que alquila su hogar debió contar en diciembre con $68.739 por día para cubrir sus consumos básicos. El rubro que más impactó en el presupuesto mensual fue el de servicios del hogar, que alcanzó los $1.136.966, incluyendo alquiler, expensas, servicios públicos y otros costos asociados a la vivienda.
En segundo lugar, el gasto en alimentos se ubicó en $508.114, reflejando el peso que tiene la canasta básica alimentaria incluso en hogares de dos personas. A esto se sumaron $206.206 destinados a bienes y servicios personales y $153.439 correspondientes al rubro salud, que incluye medicamentos, consultas y otros insumos necesarios para el cuidado cotidiano.
La diferencia que hace tener vivienda propia
El informe también analizó el escenario de una pareja de personas mayores propietaria de su vivienda. En ese caso, el monto total necesario para cubrir los gastos mensuales fue de $1.383.686, una cifra sensiblemente menor, aunque igualmente elevada para los ingresos promedio del sector.
Para este grupo, el gasto diario requerido se ubicó en $46.123. Los costos de alimentación y salud se mantuvieron idénticos a los del hogar que alquila, mientras que el rubro servicios del hogar descendió a $458.484, al eliminarse el impacto del alquiler. Aun así, el estudio advierte que incluso con vivienda propia, el nivel de ingresos jubilatorios resulta insuficiente para afrontar con holgura el costo de vida en la Ciudad.
Medicamentos: aumentos que golpean fuerte
Otro de los ejes centrales del relevamiento fue el Índice de Precios de Medicamentos, que mostró un incremento promedio del 2,3 % durante diciembre de 2025. Si bien el porcentaje general puede parecer moderado, el informe advierte que algunos segmentos registraron subas muy superiores.
Los psicofármacos encabezaron los aumentos con un alza promedio del 3,9 %, seguidos por los productos dermatológicos, que se incrementaron un 2,5 %. Estos datos resultan especialmente sensibles, ya que se trata de medicamentos de uso frecuente entre las personas mayores y, en muchos casos, indispensables para sostener la calidad de vida.
La Defensoría señaló que el objetivo de este índice es monitorear la accesibilidad económica a los remedios, un aspecto clave para un sector que destina una porción significativa de sus ingresos a la salud.
Una brecha que no deja de ampliarse
Desde el organismo porteño advirtieron que la distancia entre el costo real de vida y los haberes jubilatorios mínimos continúa ampliándose. Esta brecha obliga a muchas personas mayores a realizar ajustes constantes en su presupuesto, priorizando gastos esenciales y postergando otros, como el esparcimiento o incluso parte de los tratamientos médicos.
“El problema no es solo cuánto cuesta vivir, sino cuánto pueden pagar quienes dependen exclusivamente de una jubilación”, señalaron desde el Monitor de Derechos, al tiempo que remarcaron la necesidad de contar con datos públicos confiables que reflejen esta realidad.
Datos para el diseño de políticas públicas
La elaboración de estas canastas e índices forma parte de una estrategia institucional de la Defensoría para generar evidencia sólida que sirva de base para el diseño y la evaluación de políticas públicas. El organismo sostuvo que transparentar esta información es fundamental para que el debate público se apoye en números concretos y no en estimaciones abstractas.
En ese sentido, se destacó que los informes no buscan solo describir una situación, sino también visibilizar derechos vulnerados y aportar herramientas que permitan exigir respuestas adecuadas desde el Estado.
Acceso a la información y control ciudadano
Para garantizar la transparencia, la Defensoría del Pueblo puso a disposición de la ciudadanía los informes completos correspondientes a diciembre de 2025. Los documentos pueden consultarse en la plataforma digital del organismo e incluyen el detalle metodológico, los rubros analizados y la evolución de los precios.
Esta iniciativa apunta a fortalecer el control ciudadano y a facilitar el acceso a información clave para comprender el estado de los derechos económicos y sociales en la Ciudad.
Una realidad que interpela
Los datos difundidos reflejan con crudeza la situación económica que atraviesa gran parte de la población mayor en Buenos Aires. El peso del alquiler, el aumento selectivo de los medicamentos y el encarecimiento general del costo de vida condicionan de manera directa la calidad de vida de miles de jubilados.
En un escenario donde cada decisión de consumo implica resignar algo, los números de la Defensoría del Pueblo vuelven a poner en agenda una discusión central: cómo garantizar una vejez digna en una ciudad cada vez más cara, y qué políticas son necesarias para proteger a quienes ya no tienen margen para absorber nuevos aumentos.