El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con la demolición de una edificación levantada de manera clandestina en el sector de Saldías, dentro del Barrio 31 de Retiro, en el marco de una serie de operativos orientados a frenar nuevas construcciones ilegales y reforzar el control territorial en la zona. La estructura, que estaba siendo construida durante la madrugada para evitar inspecciones oficiales, fue removida por disposición de las autoridades porteñas y el terreno será destinado a la instalación de un destacamento policial.

Desde la administración local explicaron que la intervención se produjo luego de detectar movimientos irregulares vinculados al ingreso nocturno de materiales de construcción y maniobras destinadas a eludir los controles estatales. Según señalaron, la obra violaba de manera directa las normativas urbanísticas vigentes para el barrio y representaba un nuevo intento de expansión no autorizada dentro del asentamiento.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente el operativo y remarcó que la actual gestión mantendrá una política estricta respecto de las edificaciones ilegales en la zona. “Creían que construyendo de noche no los íbamos a detectar. Se equivocaron. La construcción fue demolida y allí vamos a instalar un destacamento policial”, sostuvo el mandatario.

Además, Macri insistió en que el crecimiento urbano dentro del Barrio 31 se encuentra regulado por una normativa específica que prohíbe nuevas edificaciones fuera de los parámetros establecidos. “Está prohibida toda nueva construcción dentro de la villa. La ley y el orden tienen que cumplirse”, afirmó el alcalde porteño al referirse al procedimiento.

La estructura demolida había comenzado a levantarse durante los últimos días y, según detallaron desde el Gobierno de la Ciudad, los responsables intentaban avanzar rápidamente aprovechando las horas nocturnas para ingresar materiales sin ser detectados. Las autoridades indicaron que los movimientos eran realizados mediante maniobras evasivas y logística improvisada para evitar inspecciones oficiales y controles policiales.

El operativo se enmarca dentro de la aplicación de la Ley 6.129, normativa que regula el proceso de urbanización del Barrio 31 —también conocido como Barrio Carlos Mugica— y que establece límites claros respecto al crecimiento urbano dentro del asentamiento. La legislación dispone que cualquier ampliación, modificación o nueva construcción debe ajustarse a criterios de habitabilidad, seguridad estructural, zonificación y planificación equivalentes a los exigidos en el resto de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ejecutivo porteño explicaron que las construcciones informales realizadas sin autorización representan un problema tanto desde el punto de vista urbanístico como en materia de seguridad y servicios básicos. Según indicaron, este tipo de edificaciones suele desarrollarse sin controles técnicos, sin planificación y sin condiciones adecuadas de infraestructura, generando riesgos para quienes habitan en ellas y para el entorno urbano en general.

Como parte de una estrategia más amplia destinada a evitar el crecimiento irregular dentro del barrio, la Ciudad ya había llevado adelante previamente distintos procedimientos contra actividades vinculadas al abastecimiento clandestino de materiales. En ese contexto, las autoridades clausuraron cinco corralones ilegales que operaban dentro del asentamiento y que, según señalaron, abastecían obras no autorizadas.

Aquellos operativos incluyeron además secuestros de toneladas de materiales de construcción, detenciones y la implementación de nuevas medidas de control en los accesos al barrio. Entre ellas, se colocaron bolardos y retenes policiales permanentes con el objetivo de impedir el ingreso de camiones de gran porte utilizados para transportar insumos destinados a edificaciones clandestinas.

Las tareas de demolición de la estructura detectada en Saldías fueron ejecutadas por una empresa contratista dependiente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) del Barrio 31. El procedimiento fue coordinado conjuntamente con el área de Fiscalización de la Ciudad y efectivos de la Policía porteña, quienes montaron un operativo de seguridad para asegurar el perímetro y garantizar el desarrollo de los trabajos.

Una vez derribada la construcción, comenzaron las tareas de remoción de escombros y acondicionamiento del terreno. Desde el Gobierno porteño confirmaron que el espacio recuperado será utilizado para instalar un nuevo destacamento policial, con el objetivo de reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y mejorar el control preventivo dentro del sector.

El procedimiento adquiere además un significado particular porque representa la primera demolición realizada tras el megaoperativo “Tormenta Negra”, desplegado el pasado 14 de mayo en distintos asentamientos porteños. Aquella intervención movilizó a más de 1.500 agentes y dejó como saldo 27 detenidos, además del desmantelamiento de cinco búnkers vinculados al narcotráfico.

Desde el Ministerio de Seguridad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC) señalaron que la intervención forma parte de un programa integral orientado a regularizar distintas actividades dentro del Barrio 31 y recuperar sectores ocupados de manera irregular. Las autoridades remarcan que el objetivo es avanzar en un proceso de ordenamiento urbano acompañado por mayor presencia estatal y controles permanentes.

Dentro de las acciones ya implementadas en el barrio, la actual gestión destaca la erradicación de la feria ilegal de la calle Perette, donde —según indicaron— se comercializaban productos robados y mercadería de origen ilícito. También se llevaron adelante operativos para despejar veredas ocupadas por chatarra, estructuras precarias y carros utilizados por cartoneros.

A esto se sumó la remoción de distintos comercios considerados irregulares, entre ellos un lavadero de autos instalado sobre la calzada y una gomería improvisada dentro de un colectivo abandonado. Según explicaron desde la Ciudad, estas actividades generaban problemas de circulación, ocupación indebida del espacio público y situaciones de inseguridad en distintos sectores del barrio.

Desde el Gobierno porteño sostienen que el objetivo de estas intervenciones es consolidar un esquema de urbanización ordenada, reforzar la seguridad y garantizar condiciones más adecuadas de convivencia dentro del Barrio 31. En ese marco, aseguran que continuarán los operativos de control para impedir nuevas construcciones clandestinas y fortalecer la presencia estatal en la zona.

Con la demolición de esta edificación y la futura instalación del destacamento policial, la Ciudad busca enviar una señal de endurecimiento frente a las ocupaciones y obras ilegales, en una estrategia que combina control territorial, fiscalización urbana y presencia de fuerzas de seguridad dentro de uno de los sectores más complejos de la Capital Federal.